Despidos y amenaza de represión en AESA Canning: Piden la intervención de Provincia
En la empresa subsidiaria de YPF, los trabajadores resisten los más de 40 despidos. Llevan 10 días de paro y acampe, y piden al Ministerio de Trabajo bonaerense que tome decisiones para preservar los puestos laborales.
A comienzos de mes y sin previo aviso, Astra Evangelista (AESA), una subsidiaria de YPF que provee soluciones energéticas, decidió despedir a unos 43 trabajadores, lo que marcó el inicio de una crisis. Imposibilitada de pagar los salarios por la baja en la actividad, la firma optó por el recorte de personal, a lo que se respondió con una medida de fuerza.
A partir de la conciliación obligatoria, se logró reincorporar a los cesanteados, y comenzó un proceso de negociación que colapsó la semana pasada, tras el vencimiento de la medida del Ministerio de Trabajo y la ratificación de los despidos. En respuesta, se decidió un paro por tiempo indeterminado, que lleva 10 días sin que se haya logrado una mesa de negociación.
La única propuesta es una baja de los salarios, lo que fue rechazado de plano. Este martes, un fuerte despliegue policial amenazó con algún tipo de represión, lo que incrementó la tensión. Ante esto, los trabajadores piden que la Provincia de Buenos Aires intervenga, reclamando mayor protagonismo de su cartera laboral, ante el discurso de “cuidar el trabajo”.
La crisis de AESA en su planta de Canning estalló la semana pasada, cuando, finalizada la conciliación obligatoria, la patronal decidió ratificar las 43 cesantías. Esto llevó a que la asamblea de trabajadores decidiera un “paro por tiempo indeterminado”, que se mantiene hasta el momento.
“Estamos en conflicto por más de 40 despidos en la fábrica. Se logró la conciliación obligatoria y la única solución que propuso la empresa para que sigan todos trabajando es bajar los salarios más del 40 por ciento”, recordaron los empleados en un comunicado posterior a esta asamblea.
Por este motivo, confirmaron que decidieron realizar un “paro por tiempo indeterminado”, que comenzó la semana pasada. “Llevamos 10 días de paro, acompañado con un acampe en la puerta de la planta, y seguimos sin respuesta,” expresó el delegado Alfredo Martínez, quien aseguró que muchos de los cesanteados tienen “más de 20 años de antigüedad”.
En su caso, lleva más de 10 años trabajando en la firma, ubicada en el distrito de Ezeiza. La medida de fuerza se cumple mientras se intenta reabrir el canal de diálogo con la empresa.
En la mañana del martes, se vivieron momentos de tensión cuando se desplegó un importante operativo policial. Martínez alertó que “se trajo a la puerta de la fábrica fuerza de choque de la infantería, con la intención de algún tipo de represión”. Por la mañana, los efectivos rodearon el lugar, pero luego se replegaron a otras zonas. “Fue una provocación”, dijo Martínez.
Como en otros casos, los trabajadores de AESA desean que la gestión de Axel Kicillof intervenga de forma directa en el conflicto, pero hasta ahora no hubo una solución a sus pedidos. Hasta el momento, el delegado aseguró que la única oferta de la patronal es volver a trabajar con una baja de los sueldos del 42,5 por ciento para que puedan volver los cesanteados. “La empresa tiene más de 75 años y esto nunca ha pasado. Es una vergüenza que tomen medidas drásticas de esta manera. No somos nada para la empresa, pero se olvidan que tenemos familia, y eso no es para nada justo.”
El sindicato también ofreció formas de mediar, pero la empresa siempre estuvo con la negativa, agregó Martínez.
Desde la empresa de soluciones energéticas, explicaron que el despido de los operarios se hace en la búsqueda de “competitividad y eficiencia”, aunque los trabajadores aseguran que esto sucede en un contexto de resultados operativos favorables.
Durante el año pasado, en medios especializados sobre la industria de la minería, destacaban que “con 75 años de trayectoria, AESA se posiciona como un actor clave en el desarrollo de los sectores minero y energético en Argentina, ofreciendo soluciones integrales a las industrias del petróleo, la energía y la minería”. Posteriormente, daba cuenta que “la compañía, que emplea a casi 9.000 personas distribuidas en distintas provincias argentinas, ha consolidado su presencia en áreas estratégicas, como la provincia de Jujuy, donde ha comenzado a colaborar activamente con la industria del litio, uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento en el país”.
El caso de AESA se suma a otros donde las políticas libertarias generan enormes perjuicios en la actividad industrial, especialmente en territorio bonaerense, pese a que el gobierno de Kicillof asegura tener una postura distinta en el plano productivo. En el caso de la firma de Canning, los trabajadores señalan que el Ministerio de Trabajo, que comanda Walter Correa, dictó rápidamente la conciliación obligatoria, pero luego no avanzó en obligar a la empresa a reincorporar a los despedidos de forma definitiva.
El argumento es el mismo: la caída en la producción por la baja de encargos de trabajos hace que se deba avanzar en el ajuste. Algo similar ocurre en otros conflictos, como sucedió en Shell Raizen, en Dock Sud, y Pilkington, en Vicente López. Ambos casos han desatado protestas de los trabajadores durante este año, quienes acusan a las empresas de utilizar los nuevos marcos legales para atacar a los empleados que defienden sus derechos laborales, y piden la intervención provincial.
Lo mismo sucede con Secco –empresa vinculada al sector energético– y Georgalos, que marcaron la semana pasada para pedir por su situación. “El Ministerio de Trabajo podría haber declarado el carácter ilegal y discriminatorio de los despidos e incluso aplicarles multas, reincorporar a los delegados despedidos, y si como en este caso, hay reincidencia de parte de la empresa”, dijeron en un comunicado conjunto.
También reclaman que la Provincia de Buenos Aires se involucre en su caso, como el de Molinos Río de la Plata, que mantiene la crisis en Esteban Echeverría. Sin diálogo formal, piden que Correa intervenga.
Fuente: @politicadelsur1
Link Original: https://politicadelsur.com/nota/92536/despidos-y-amenaza-de-represion-en-aesa-canning-piden-la-intervencion-de-provincia/