UN TRIBUTARISTA EXPLICÓ LOS RIESGOS DE USAR LOS DÓLARES BAJO EL COLCHÓN
EL ESPECIALISTA REVELÓ CÓMO GENERAR LA SEGURIDAD NECESARIA PARA ANIMAR A LOS ARGENTINOS A USAR LOS AHORROS DEL COLCHÓN
16 de julio de 2025
19:32
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Sebastián Domínguez realizó una presentación que el público siguió con atención. ¿Dólares en el colchón, una oportunidad real o una ilusión transitoria? Esta fue la pregunta con la que Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, comenzó su exposición en el décimo capítulo de Real Estate organizado por LA NACION. En su charla, habló sobre la necesidad de un “segundo blanqueo” y detalló el contexto para implementarlo.
El contador repasó las últimas medidas que tomó el Gobierno, que buscan incentivar a los argentinos a usar los dólares bajo el colchón. Efectivamente, según cifras públicas y privadas, se estima que hay más de US$200.000 millones fuera del sistema financiero. “En Argentina, los dólares no están en los bancos, están en el colchón: la gente guarda los ahorros en casa, en cajas de seguridad, los envía al exterior y muchas veces no los invierte en el país debido a la experiencia de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo”, sostuvo Domínguez en su presentación.
En ese marco, el tributarista explicó que el Gobierno busca crear una especie de “seudoblanqueo” para remonetizar la economía. Este va dirigido tanto a quienes compraron dólares blue con dinero por el cual tributaron impuestos, buscando protegerse de la situación argentina, como para aquellos que adquirieron dólares en el mercado informal, pero no pagaron impuestos. “El objetivo es incentivar las inversiones, la compra de inmuebles, de automotores, y utilizar esos dólares para transacciones cotidianas, algo que no estamos acostumbrados en este país, aunque sí sucede en lugares como Uruguay”, agregó. Al mismo tiempo, aclaró que el Gobierno no lo llama blanqueo, ya que “la ley 27.743, que creó el blanqueo 2024, imposibilita a aquellos que ingresaron a ese blanqueo a volver a adherirse a un régimen similar hasta el año 2038”.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE TOMÓ EL GOBIERNO PARA QUE LA GENTE USE LOS DÓLARES?
El especialista explicó que el Gobierno tomó una serie de medidas administrativas que buscan eliminar regímenes de información. En primer lugar, mencionó el COTI, trámite que se debía generar al ofertar un inmueble, para informar previamente al fisco cualquier operación inmobiliaria cuyo valor superara los $66.833.000.
Otra de las medidas recientes de las que habló el contador fue la relativa a los escribanos que intervienen en una operación de compraventa de inmuebles, quienes ya no tienen que informar a ARCA de este movimiento.
En relación a la UIF, recordó que esta aumentó los umbrales para el análisis de orígenes de fondos. “Por ejemplo, una persona que deposita dinero en un banco o en billeteras, si ese dinero es menos de 50 millones de pesos por mes, ya no informan a ARCA”, detalló. Agregó que también se han incrementado los umbrales para que sujetos obligados, como bancos y escribanos, analicen una menor cantidad de operaciones para determinar el origen de los fondos.
Tampoco dejó de lado el decreto del gobierno que creó la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. “Es una medida importante, porque quien se adhiera (si está en condiciones) podrá presentar su declaración jurada sin tener que declarar los bienes y deudas que tenía al año anterior, los que posee actualmente y el monto consumido”.
Ahora bien, el tributarista fue contundente con su análisis: “Todas estas medidas administrativas que ya están vigentes restan información a ARCA: no es que desaparezca, sino que no llega en forma automática. Esto no significa que ARCA no pueda requerir información al registro de la propiedad inmueble o a un escribano o al banco para solicitar los extractos bancarios del sujeto que depositó quizás 40 millones por mes y no fue informado automáticamente. Es decir, ARCA mantiene sus facultades de verificación y fiscalización, por lo cual no garantiza que usar dólares sin declarar no genere problemas”.
Explicó que, para resolver este problema, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que, de aprobarse, modificaría el régimen penal tributario, aumentando los montos objetivos de punibilidad. “Por ejemplo, hoy alguien que evade más de 1 millón y medio de pesos en ganancias por año comete un delito de evasión, y eso se incrementaría a 100 millones. Es positivo, ya que no se actualizaba desde 2017”, señaló. Además, reformaría el Código Civil y Comercial, haciendo que, “si se aprueba la prescripción para provincias y CABA, sería igual que para tributos nacionales”.
Esto también incluye una modificación a la Ley de Procedimiento Fiscal, que “baja la prescripción de cinco años a tres en determinados casos, para darle menos tiempo a ARCA para determinar los tributos”. También imposibilita a ARCA usar la presunción de incremento patrimonial no justificado para hacer decaer la presunción de exactitud de la declaración jurada de ganancias. Dentro de este proyecto, se le da rango legal a lo que hoy existe por decreto: la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.
¿QUÉ IMPLICA ESTO SI SE APRUEBA POR EL CONGRESO?
El especialista explicó que implica que una persona que opta por este régimen presenta su declaración jurada y paga el impuesto en término, declarando solo ingresos y gastos, sin patrimonio, sin monto consumido, y hay una presunción de exactitud. Esta presunción tiene el efecto liberatorio del pago. “Pero esto puede caer si hay una discrepancia significativa durante la verificación fiscal. Por lo tanto, al analizar el proyecto, se puede observar que no es tan difícil que el fisco detecte discrepancias significativas, así que no brinda una seguridad jurídica completa”, fue contundente Domínguez.
ALGUNOS PUNTOS CRÍTICOS
El especialista concluye que las medidas tomadas hasta ahora son iniciales, pero no son una solución estructural. Señala que hay incentivos, como toda la información que deja de recibir ARCA y las dificultades que tendrá para detectar bienes, pero “los puede detectar”.
Enumeró puntos críticos a resolver:
– No hay un proyecto de reforma del Régimen Penal Cambiario: esto implica que alguien que compró dólares en el mercado blue puede enfrentarse a problemas de persecución.
– Los proyectos aún no están aprobados. En este año electoral, dado el contexto, es difícil que puedan ser aprobados por el Congreso, lo que significa que no tendríamos una seguridad jurídica de normas legales durante 2025.
– La imposibilidad de utilizar el incremento patrimonial no justificado para hacer caer la presunción de exactitud en ganancias es relevante, aunque el proyecto mantiene la facultad de usar otras presunciones, como depósitos bancarios o diferencias de inventarios, lo que debilita este régimen.
– La presunción de exactitud no se aplica a otros impuestos, como bienes personales, así que uno podría quedar liberado de ganancias e IVA, pero no de bienes personales.
– No contempla impuestos provinciales ni tasas municipales, lo que requiere que provincias y CABA dicten normas similares.
– Los monotributistas no están comprendidos en este paquete, por lo que necesitarían salir del monotributo, que es una especie de paraíso fiscal, para ingresar a un régimen general, lo que no parece atractivo.
¿Qué se necesita entonces? “Modificar los proyectos, que haya previsibilidad y confianza en el gobierno. Creemos que, si el gobierno quiere que se utilicen los dólares bajo el colchón, se necesita un nuevo blanqueo, que podría sancionarse si el gobierno gana la elección de medio término, si sigue bajando la inflación y si se consolida una recuperación económica. En ese caso, podrían darse las condiciones para que se apruebe este blanqueo, que requiere la aprobación del Congreso. Podemos afirmar que es una oportunidad real y no una ilusión si se modifican los proyectos, si se les otorga más solidez a estas medidas y, en realidad, si se implementa un blanqueo dos con la seguridad jurídica adecuada”, concluyó el tributarista.
Fuente: María Josefina Lanzi
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